El pasado 6 de mayo, el Consejo de Ministros aprobó elproyecto de Ley del Sector Ferroviario, que se enviará a las Cortes Generales para su aprobación definitiva. Esta Ley busca un mayor rigor a la hora de planificar nuevas estructuras ferroviarias y propicia que operadores privados puedan entrar a formar parte de la alta velocidad, favoreciendo una mejora de la calidad y una mayor oferta para los usuarios.
Esta ley también busca una mayor transparencia en la actividad de los nuevos operadores, así como afianzar la seguridad de la red mediante la creación de una nueva agencia independiente.
Veamos punto por punto en qué consiste la nueva ley.
Liberalización
El Ministerio de Fomento abre la puerta a que las empresas privadas que quieran entrar a competir con Renfe puedan hacerlo con unas condiciones menos duras que las que existían hasta ahora. Toda compañía que utilice las líneas y estaciones de Adif debe pagar un peaje, que el Gobierno, con esta nueva ley, ha decidido flexibilizar, para dar la oportunidad a nuevos operadores de entrar en el sector de transporte de mercancías y pasajeros.
Así mismo, se suprime el canon de acceso que debía abonarse por entrar a operar en la red ferroviaria y que suponía una de las grandes barreras de entrada al sector. Además, se modifican el resto de cánones, que eran muy complejos y que no contribuían a incentivar la actividad. También se ha diseñado un régimen de bonificaciones para que aquellas empresas con más actividad obtengan un mayor retorno.
Por el momento, la liberalización del AVE se va a realizar en una primera fase experimental, que se limita al corredor de Levante, entre Madrid y Valencia. Por el momento, hay 27 empresas privadas con licencia ferroviaria; trece de ellas, para transporte de carga; cinco, para trenes de pasajeros; y las nueve restantes pueden operar tráficos tanto de viajeros como de mercancías. Entre estas empresas podemos encontrar a compañías de transporte de pasajeros por carretera (Alsa, Avanza, Interbús, La Sepulvedana), constructoras (Acciona, ACS, Comsa, Ferrovial, OHL) e incluso al Grupo Planeta, a través de una de sus sociedades, Veloil Rail.
Estudios previos
La nueva ley también prevé que antes de construir nuevas líneas de AVE, se deberá avalar su viabilidad económica y social mediante una serie de informes obligatorios y otra serie de requisitos. Esto era algo que se venía reclamando desde hace ya tiempo por diversos sectores, ya que hay líneas de alta velocidad que los expertos consideran que no son rentables ni para las empresas que las gestionan ni para la sociedad española.
Los estudios preliminares consisten, en primer lugar, en la Estrategia Indicativa, que deberá elaborar el Ministerio de Fomento, y en la que debe realizar una planificación de las infraestructuras que se desarrollarán, así como de su mantenimiento y renovación. El segundo de los informes corre a cargo de Adif, que diseñará el Programa de Actividad, un plan a 5 años vista en el que se deben detallar las actuaciones y obras previstas y se hará un presupuesto previo de los cánones que se cobrarán a los operadores por el uso de las vías del tren, de las estaciones ferroviarias y del resto de infraestructuras necesarias para llevar a cabo su labor. Por último, Adif y Fomento marcarán los objetivos que deben alcanzarse en los programas de infraestructuras y las dotaciones económicas que aportará el Estado.
De esta manera se refuerzan los mecanismos que asegurarán una planificación rigurosa de las estructuras ferroviarias y se exigirán fuentes de financiación suficientes.
Transparencia
A todos los operadores privados que tomen parte en el transporte de viajeros, se les exigirán una serie de requisitos para garantizar la transparencia del mercado. Entre estos requisitos, se encuentra la obligación de aportar información estadística o contable al Ministerio de Fomento, así como la necesidad de llevar cuentas separadas entre las actividades de transporte de viajeros y de mercancías.
Seguridad
Además, la nueva Ley del Sector Ferroviario incluye un apartado específico dedicado a la seguridad, que no existía en la ley vigente. Este apartado prevé la creación de una nueva Agencia de Seguridad Ferroviaria, que deberá ser independiente de las empresas ferroviarias y los administradores de las infraestructuras.
Además, se plantea un régimen sancionador que refuerza los derechos de los pasajeros y los aspectos que tienen que ver con la seguridad.
Esperemos que esta nueva ley traiga consigo una mejora de la oferta para los usuarios, mayor seguridad y asegure la rentabilidad de las nuevas líneas que se lleven a cabo.
